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El Gobierno de la provincia argentina de Formosa, fronteriza
con Paraguay, impulsa un polémico proyecto para instalar una planta nuclear,
iniciativa rechazada por la oposición, confirmaron hoy a Efe fuentes
parlamentarias.
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Buenos Aires El Gobierno de la provincia argentina de
Formosa, fronteriza con Paraguay, impulsa un polémico proyecto para instalar
una planta nuclear, iniciativa rechazada por la oposición, confirmaron hoy a
Efe fuentes parlamentarias.
Según un informe oficial del Ministerio de Planificación
Federal argentino remitido a la Embajada de Paraguay en Buenos Aires, la planta
procesadora de uranio de Dioxitek estará a 16 kilómetros de la ciudad de
Formosa, a unos 1.100 kilómetros de Buenos Aires y a 164 kilómetros de
Asunción.
.
Según el informe oficial del Gobierno argentino, la planta
"involucra procesos que no revisten riesgo nuclear alguno" y "no
producirá residuos líquidos ni gaseosos".
Sin embargo, como Dioxitek procesa mineral de uranio y lo
convierte en dióxido de uranio, la iniciativa cosechó el rechazo tanto de los
formoseños como de pobladores de Paraguay.
El senador nacional por la opositora Unión Cívica Radical
(UCR) Luis Naidenoff aseguró hoy a Efe que "no se puede comprometer el
futuro y el presente de la provincia de Formosa".
"Rechazamos la instalación y vamos a dar la batalla en
el plano de la concienciación social y discutir esto en audiencias, pero si el
gobernador es respetuoso de la decisión del pueblo tiene que llamar a una
consulta popular", sentenció el legislador.
La planta de Dioxitek se encontraba en la provincia central
de Córdoba (a unos 800 kilómetros de la capital argentina) pero fue clausurada
por la CNEA y se decidió su traslado "como consecuencia de incumplimiento
de normas de carácter municipal y dos accidentes que han tenido", apuntó
Naidenoff.
"La pregunta que nos hacemos es, si la instalación fue
rechazada en otros cinco lugares, por qué sí en Formosa. El Gobierno no puede
responderlo", sostuvo el parlamentario.
"Si fue rechazado en cada uno de los municipios es
porque estamos ante una planta de un riesgo concreto y potencial con pasivos
ambientales", insistió el legislador nacional.
La polémica planta de Córdoba es propiedad en un 99 por
ciento del Estado argentino y, hasta su clausura, se dedicaba a obtener
combustibles a través del dióxido de uranio para ser utilizados por las
centrales argentinas de energía Atucha y Embalse.
(Agencia EFE)
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